Hoy, altos representantes del sector inmobiliario catalán han examinado la situación actual del mercado de la vivienda en Barcelona durante una mesa redonda titulada 'Cómo construir vivienda en Barcelona'. Entre los participantes se encontraba Carles Sala, portavoz y director Institucional del Área Jurídica de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya. Sala ha criticado las actuales políticas relacionadas con la vivienda en la ciudad, señalando que existe una enorme demanda y que el problema es global. Según el experto, la legislación vigente no favorece el aumento de la oferta; más bien, lo impide. Sala ha dialogado con Amadeu Iglesias, arquitecto y director-gerente de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, y Xavier Vilajoana, presidente de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE). El portavoz del COAPI de Barcelona ha subrayado la alta demanda de vivienda protegida, mencionando que un agente inmobiliario llegó a recibir más de 700 solicitudes para alquilar una vivienda en Barcelona en solo una hora. También ha recordado la ineficacia en Barcelona de la medida que exige dedicar un 30% de las nuevas promociones a VPO, pidiendo su modificación. Ha señalado la necesidad de que la Administración aborde tres cuestiones clave: planificación a largo plazo, seguridad jurídica, y un presupuesto suficiente para implementar políticas ambiciosas que solucionen el problema habitacional. El experto ha advertido que la situación empeorará si se continúa gestionando el mercado inmobiliario de la misma manera, especialmente ante el creciente aumento demográfico en Catalunya.

En el mismo evento, Xavier Vilajoana ha destacado que la superficie limitada de Barcelona restringe su capacidad de crecimiento. Ha criticado la politización del sector, indicando que tomar decisiones en materia de vivienda es populista y no tiene coste directo, pero a menudo carecen de soluciones a largo plazo.

Amadeu Iglesias ha abogado por un gran acuerdo para desarrollar programas habitacionales que resuelvan el problema globalmente. Él ha enfatizado la importancia de la colaboración público-privada, revelando que sin la participación de promotores privados, la Administración debería destinar 200 millones de euros para cada 1.000 viviendas públicas de alquiler, algo inviable.

Los expertos han coincidido en que es crucial abordar el problema de la vivienda con una visión global y a largo plazo, teniendo en cuenta las limitaciones geográficas de Barcelona y la creciente demanda en las áreas metropolitanas.