Desde hace diez años, los precios de las viviendas no han parado de subir, según el Indice de Precios de la Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) los precios han crecido sin parar desde el año 2014, el año pasado se incrementó en un 12,7%, desde 2007 que se recoge esta estadística nunca se había visto un aumento de dos dígitos.

La vivienda se ha convertido en un gran problema en nuestra sociedad. Las principales ciudades españolas están al límite de su capacidad actual. Existe mucha más demanda de la que se puede cubrir, debido a la ley de la oferta y la demanda, los precios de los pisos van aumentando de forma significativa.

El encarecimiento constante de la vivienda, limita su acceso y tiene consecuencias profundas en la vida cotidiana de las familias. Los jóvenes cada vez tienen más problemas a la hora de encontrar vivienda, por lo que se emancipan más tarde, y se ven obligados a aplazar sus planes de formar una familia (algunos no lo llegan a conseguir ni una cosa ni la otra, por lo que sus vidas se ven muy limitadas y siempre acogidos a la buena voluntad de sus familias de origen, pero eso no es vida para nadie y menos cuando pasas de los 30 años. Debería ser un derecho fundamental poder tener una vida digna y plena, pero a estas personas no les hemos dado la posibilidad y se encuentran atrapados durante años en esas condiciones), viendose obligados a compartir vivienda con familiares, amigos u otros jóvenes en el mejor de los casos, esto afecta a su autonomía y planes vitales de una forma que las personas de otras generaciones no conoce y en muchos casos no llega a entender.

Esta presión en la subida de los precios, no solo de la vivienda sino de las consecuencias de la guera ejerce una presión cada vez más alta en los presupuestos familiares, haciéndose cada vez más complejo llegar a fin de mes, lo que hace que el ahorro se reduzca a mínimos y se deje de consumir en otros sectores. Los precios tan elevados en los principales núcleos urbanos conlleva a que mucha gente busque oportunidades en zonas más alejadas del centro, los precios en estas zonas también se han ido encareciendo y para muchos comienza a ser imposible poder pagar los alquileres que piden ( ni siquiera de una habitación), a parte de los problemas que pueden enfrentar al trasladarse a esas zonas debido a las deficiencias actuales en los sistemas de transporte público y los retos laborales que supone.

No hay una solución fácil, pero existe la imperiosa necesidad de afrontarlo teniendo en cuenta los fallos estructurales en las políticas públicas de todos estos años.

El Parlamento Europeo ha querido ofrecer su granito de arena para tratar de contribuir a paliar este problema, presentando un informe donde se instaba a tomar algunas medidas clave para poder resolver este problema, manteniendo un equilibrio razonable entre la función social de la vivienda y el respeto a la propiedad. Estas medidas serían la protección a la propiedad privada, el respeto a la subsidiariedad, impulso a la oferta de vivienda y el equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica.

Hay que fomentar la oferta de vivienda, tanto de protección oficial como libre, simplificando los procedimientos administrativos, acelerando los permisos de construcción y que todas las partes implicadas apoyen a renovar el parque inmobiliario.

Los problemas los encontramos tanto en la compraventa como en el alquiler, por ello, garantizar y proteger la propiedad privada es clave. Respetar los derechos de propietarios e inquilinos para que existan mercados de alquileres estables y sostenibles a largo plazo. Los cambios legislativos y la intervención en el mercado han provocado incertidumbre en los propietarios, que optan por retirar sus pisos del mercado dificultando aún más el acceso a la vivienda.

La vivienda debe ser competencia de los Estados miembros, y de las autoridades regionales y locales. Las decisiones políticas de vivienda deben tomarse lo más cerca posible de las personas afectadas y adaptarse a las necesidades de cada territorio en concreto. La Unión Europea puede establecer directrices generales y buenas prácticas, planificar la urbanización, regular el alquiler. Las políticas de promoción de vivienda protegida dependen de cada región y municipio, y es necesario y urgente la coordinación de diferentes administraciones para tener una gestión más eficaz y sensible a las particularidades y necesidades locales.

La transición hacia una vivienda más eficiente energéticamente es necesario, pero el coste de la adaptación del parque inmobiliario más antiguo debe ser asumible, no que se dispare y cree deudas inasumibles por los propietarios, se debe garantizar que estas medidas de mejora sean económicamente viables, y no se convierta en un obstáculo para el acceso a la vivienda ni la estabilidad del mercado.

Estas medidas introducidas por el Parlamento Europeo, deben impulsar un cambio radical en España en las dinámicas políticas para poder llegar a un acuerdo a nivel nacional que impulse soluciones realistas y sostenibles a largo plazo. Se debe contar con los pequeños propietarios ( ya que millones de viviendas pertenecen a ellos) para mejorar el acceso a la vivienda, de forma estratégica.

Garantizar el acceso a la vivienda requiere un enfoque integral: generar oferta de forma activa, estabilizar la regulación de los mercados de compraventa y alquiler, dar seguridad jurídica, modernizar el parque inmobiliario y contar con la implicación de los pequeños propietarios. Para ello es imprescindible que todas las instituciones colaboren juntas para impulsar políticas de vivienda equilibradas, ampliando la oferta de vivienda asequible, favoreciendo la inversión a largo plazo, garantizando la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.

fuente: cincodias.elpais.com